En el transcurso de las últimas semanas hemos asistido a repetidas manifestaciones (algunas de lo más descabelladas por anti-estatutarias e inconstitucionales) por parte de la cúpula de CiU en relación a la futura ley electoral de Catalunya. En buena parte de estas afirmaciones se pedía, por ejemplo, condicionar la formación de gobierno (esto es, la investidura del presidente de la Generalitat) en favor de la formación más votada, obviando el principio del juego parlamentario de mayorías y minorías.
Hoy nos despertamos con otro actor que se suma al carro de estas peticiones insensatas, y que llama poderosamente la atención por ser peticiones CLARAMENTE inconstitucionales. Efectivamente Mariano Rajoy y el PP empiezan a calentar las baterías pre-electorales con el reclamo de una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) anunciando como principal propuesta que sean las formaciones por encima del 30% de los votos las únicas que puedan formar gobierno, en el bienentendido que sería la que obtuviera mayor porcentaje de votación quien sería la única depositaria de la capacidad de investir a su candidato.
Realmente da pena (por no emitir algún otro calificativo susceptible de querella civil) que tengamos unos representantes políticos que, sin mayor empacho, se lancen a emitir proclamas de contenido claramente ilegal cuya emisión parece responder única y exclusivamente a confundir a los ciudadanos mediante discursos demagógico-populistas.
El problema no está en la capacidad de negociación para la conformación de mayorías alternativas (aunque sí lo es para las formaciones que se han mostrado absolutamente incapaces e incompetentes para tal fín, curiosamente las que emiten dichas proclamas...), sinó que nuestro(s) sistema(s) electoral(es) debe revisarse en otro orden de cosas.
Tal y como se ha propuesto desde la Comisión de Expertos creada a instancias del Gobierno de la Generalitat y de la que tuve el honor de formar parte, las reformas deberían dirigirse a (como mínimo) revisar el ya caduco sistema de listas cerradas y bloqueadas, la adopción de las nuevas tecnologías como canales complementarios para la emisión del voto, el establecimiento de mecanismos para incentivar la participación y, otrosí, la revisión del número y magnitud de las circunscripciones (sobretodo en este caso para las elecciones al Congreso de los Diputados).
Lo demás son puras puñetas demagógicas, que sólo conseguiran bloquear el debate y, como siempre sucede en estos lares, aparcar una reforma que (como la del Senado) hace tiempo que clama al cielo.
Por cierto, una de las riquezas de nuestro sistema político (véase Catalunya) es el acomodo y el protagonismo de las formaciones minoritarias. No vayamos a tirar al bebé con el agua sucia...
